La actividad empresarial del Estado en el Perú

¿Qué es actividad empresarial? 

La actividad empresarial es un proceso desarrollado por un conjunto de recursos humanos y materiales con fines de obtener una ganancia. Por su parte, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 60: “el estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público y manifiesta conveniencia nacional” (Galván Pareja G, 2014). 

En este sentido, el estado peruano está facultado a intervenir en la actividad empresarial sólo en casos muy excepcionales en el que prime el interés público. Las normativas actuales promueven de alguna manera a la participación del sector privado en las empresas del estado accediendo desde el mercado de capitales. 

La del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad empresarial del Estado N°27247, crea el FONAFE como organismo encargado de supervisar la actividad empresarial del estado peruano. Este ente depende del Ministerio de Economía y excluye de su tutela a las empresas municipales y universidades públicas. 

¿Qué beneficios trae el proceso concursal, a aquellos que intervienen en la actividad empresarial? 

La legislación concursal peruana ha sido dictada con la finalidad de acercar posiciones de deudores y acreedores, de modo tal que puedan sentarse a negociar y saldar las obligaciones emergentes de los vínculos comerciales que los unen. 

Existen dos formas de procesos concursales: 

1.- Proceso concursal preventivo: se realiza a pedido del deudor que supone que no podrá hacer frente a sus pasivos. Ofrece un calendario de pagos que deberá ser aprobado por los acreedores. 

2.- Proceso concursal ordinario: se inicia porque los acreedores no aceptan el calendario de pago propuesto en el proceso concursal preventivo. También se inicia por el INDECOPI de oficio. Luego se abren dos posibilidades: la reestructuración (la empresa sigue funcionando y se diseña el plan de pagos, que si no se cumple se procede a liquidar) y la liquidación (se enajenan los activos para cancelar la deuda con los acreedores). 

Por otra parte, la legislación concursal peruana ha sido modificada en mayo de 2020 para brindar soluciones frente al COVID – 19. Las ventajas que ofrece este procedimiento son: 

1.- protección patrimonial del fallido. 

2.- suspensión de la exigibilidad de los pasivos. 

3.- procedimiento de presentación rápida, en forma electrónica. 

4.- no participa el pasivo por créditos laborales. 

5.- incluye a las mypes (personas jurídicas). 

Sin embargo, este proceso concursal express adolece de algunas desventajas: 

1.- No se han incluido a las personas físicas que ejercen actividades empresariales independientes. 

2.- No detalla los mecanismos de impugnaciones, quórum, plazos de cada incidente. 

3.- Omite los requisitos que deben reunir los deudores para solicitar el proceso. 

Marco normativo que regula la actividad empresarial en el Perú

En el Perú existen diversas normas que permiten el ejercicio de la actividad empresarial. En primera instancia, están las reglas contenidas en la Constitución Política que consagra los siguientes derechos (Muñiz Ramírez et. al, 2020): 

• Libertad de la iniciativa privada, de trabajo, empresa, comercio e industria. 
• Libertad de competencia y prohibición de monopolios. 
• Equidad en el trato para inversores peruanos y extranjeros. 
• Prohibición de la confiscatoriedad impositiva. 
• Libertad de tenencia y disposición de moneda extranjera. 

• Derecho de propiedad, excepto en caso de expropiación previo pago de la indemnización correspondiente. 

Por otra parte, la Ley para el Crecimiento de la Inversión Privada promueve cualquier tipo de inversión, sea de capitales nacionales o extranjeras. También prevé la participación en empresas a través de la adquisición de acciones en el mercado bursátil o fuera del mismo.  

Asimismo, existen convenios de doble imposición con Chile, Canadá, Brasil y España. En lo que se refiere a materia societaria y laboral, se deben cumplir las leyes peruanas para la contratación de personal, y constituirse bajo las formas jurídicas prescriptas por la ley local. 

Finalmente, en casos especiales, existen actividades que son fiscalizadas por el estado peruano. Por ejemplo: fabricación de armas, municiones, explosivos, productos químicos, productos farmacéuticos y veterinarios, plaguicidas, alimentos para animales, servicios de vigilancia y seguridad, servicios de fumigaciones agropecuarias, servicios de turismo, casino y juego, entre otros.